Día a día la transparencia viene cobrando mayor relevancia en los diferentes procesos de toma de decisión que se realizan en nuestro país y el sector forestal no es ajeno a ello. Es por ello que Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) ha venido publicando, desde hace tres años, el Informe Anual de Transparencia, el cual evalúa la cantidad de información disponible por la autoridad competente en el sector forestal del país, sobre la base de indicadores estándares relacionados al reconocimiento de derechos consuetudinarios o tradicionales, disposiciones sobre transparencia en las leyes forestales, reconocimiento del derecho a la consulta previa, existencia de una Política Nacional Forestal, entre otros.
el Estado Peruano ha venido anunciando una serie de compromisos en favor de la publicación de la información sobre sus políticas y prácticas en el sector forestal, sin embargo, el informe evidencia que las comunidades que dependen de los bosques aún desconocen cómo sus bosques están siendo manejados. Asimismo, se destaca en el Informe el hecho de que el Perú cuente con leyes de libertad de información, que incluyen compromisos para proporcionar información sobre la gestión forestal. Sin embargo, es preocupante que los compromisos gubernamentales para incrementar la transparencia en el sector forestal aún no sean cumplidos a cabalidad.
A pesar de que aún falta un gran camino por recorrer, también podemos apreciar algunos avances importantes en materia forestal. Hay que resaltar la aprobación de dos importantes nuevas leyes, que incluyó un primer esfuerzo por desarrollar un proceso participativo y descentralizado. La Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que establece un sistema descentralizado e integrado del uso de los recursos forestales, incluyendo temas de gobernanza, transparencia y acceso a la información; y la Ley del Derecho a la Consulta Previa que refuerza las obligaciones legales y convenios internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, aún falta que la Ley Forestal sea reglamentada, ya que el reglamento de la Ley de Consulta Previa entró en vigencia a inicios de abril de 2012.