Análisis
Participación en la toma de decisiones
El cambio positivo más significativo respecto al año anterior se refiere al acceso de los ciudadanos de a pie a la toma de decisiones. Por supuesto, la dinámica es diferente en los diferentes países, pero en todos los casos se ha producido un cambio y las comunidades están cada vez más implicadas en las decisiones sobre sus bosques, desde el empoderamiento de las comunidades hasta la formulación de políticas nacionales.
Disposiciones legales sobre el acceso a la información
Aunque es posible que en todos los países existan disposiciones legales sobre el acceso a la información, gracias a legislación sobre la libertad de información, la constitución o leyes del sector, éstas se aplican de manera muy irregular en todos los países.
Los derechos a los recursos: el marco legal forestal
Una fuente importante de preocupación sigue siendo la falta de información que está a disposición del público sobre dónde se asignan los permisos de tala y bajo qué condiciones. Únicamente en Liberia se especifica que todos los contratos de concesiones deben ponerse a disposición del público automáticamente una vez que se hayan completado. En el resto de los países en teoría es posible obtener un modelo de contrato pero no consultar los documentos definitivos.
Tenencia y uso de la tierra
En muchos países los derechos a la tierra, los bosques, otros bienes (como el agua) y los servicios (incluida la captura de carbono) son confusos y poco claros, y en ninguno de los países estudiados en 2010 se han dado cambios significativos en este sentido.
Régimen tributario y beneficios
En Perú, Camerún, Ghana y Liberia existe, hasta cierto punto, un sistema de redistribución de los beneficios para distribuir los ingresos generados por la tala en el área local. En Ecuador un sistema tal es irrelevante porque la madera no se obtiene de bosques públicos.
Nuevos problemas y compensaciones
En el boletín anterior se indicó que el carbono y la minería eran ejemplos de sectores en los que sería importante contar con una coordinación interinstitucional y una planificación estratégica por parte de los organismos gubernamentales, pero que esto, en general, no ocurría. Sigue sin existir un marco legal para la identificación formal, protección y tasación de los servicios medioambientales. Sin embargo, en Perú se está debatiendo un proyecto de ley y en Camerún se espera que los pagos por servicios medioambientales se incluyan en la nueva legislación forestal. Por lo tanto, los intentos de todos los países de llegar a acuerdos con posibles inversores sobre el almacenamiento de carbono están teniendo lugar dentro de un vacío legal.
