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Camerún goza de un amplio conjunto de textos legales que rigen los bosques y la fauna. Aparte de los dos básicos (documento de política forestal y legislación forestal), existe toda una serie de decretos, ordenanzas y órdenes (conjuntas o no) que rara vez se actualizan o que se enmiendan de forma muy irregular. Aunque algunos de estos textos se publican en ambos idiomas en el boletín oficial (legislación forestal) y en los periódicos nacionales gubernamentales (decretos), a menudo la mayoría de ellos se escriben sólo en francés y no llegan a las comunidades locales y de base. Leer el reporte...

El sector forestal de Ghana cuenta con una estructura elaborada de derechos constitucionales, políticas aparentemente progresistas, leyes exhaustivas, instituciones bien desarrolladas y todo un cuadro de expertos forestales con una buena formación. No obstante, lo que determina en general el funcionamiento del sector es la estructura subyacente de relaciones abusivas y represivas entre la industria maderera corporativa y el Estado, por una parte, y el público y las comunidades que dependen de los bosques, por el otro. Estas relaciones, que se formaron durante el periodo colonial, siguen intactas en todo el sector de los recursos naturales 50 años después de que el país consiguiera su independencia. Desde 2008, tras ratificarse el Acuerdo Voluntario de Asociación (AVA), el programa de reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y degradación de los bosques (REDD) y otros instrumentos legales, en Ghana ha habido continuas consultas sobre la reforma de las políticas y los instrumentos legales del sector forestal. No obstante, el proceso ha sido muy lento y, aunque ya hay en circulación borradores de leyes consolidadas en materia forestal y de fauna, es poco probable que puedan presentarse ante el Parlamento durante la primera mitad de 2011. Leer el reporte...

Todas las leyes y normativas relacionadas con el sector forestal están disponibles al público. En las oficinas de la Autoridad para el desarrollo forestal se pueden obtener copias impresas y en su sitio web se puede acceder a copias electrónicas. En Internet también se puede acceder a otras leyes que afectan a los bosques, como la Ley de la ITIEL y la Ley de la Comisión de contratación pública y concesiones. La Autoridad para el desarrollo forestal aún tiene que establecer un centro de información o un sistema para facilitar el acceso del público a copias impresas de estos documentos. Leer el reporte...

El portal de Legislación Forestal de la Dirección General Forestal y de Fauna del Ministerio de Agricultura contiene las normas legales organizadas por Temas, Orden Cronológico y Región. Así como un enlace para las principales leyes y reglamentos derogados. Si bien las normas están accesibles no existe un mecanismo de búsqueda para acceder a las normas que están organizadas por orden cronológico. Fuente: http://www.legislacionforestal.org/legislacion/por-temas/legislacion-forestal/ Leer el reporte...

Sí, el marco jurídico forestal está disponible al público a través de la página web del Ministerio del Ambiente. Está disponible también por medio de buscadores legales especializados. Sin embargo, este marco jurídico está en proceso de reforma pues no ha sido todavía acoplado a la nueva normativa constitucional. Los borradores del nuevo marco normativo forestal (i.e. el Proyecto de Ley Forestal y la actualización de la Estrategia Nacional Forestal) no fueron de acceso público y hasta el momento se desconoce una versión oficial del documento. Vale recalcar que al momento el país vive una profunda reforma normativa e institucional en respuesta a los cambios que requiere la Constitución del 2008. Es previsible que se dé prioridad a la reforma y actualización de otros cuerpos legales antes que a aquellos relacionados con el sector forestal. Leer el reporte...

Todos los bosques de Camerún están bajo una propiedad clara. El plano de zonificación forestal de la zona sur de Camerún ha dividido los bosques en tipos diferentes y la Ley forestal los ha distribuido entre el Estado, las comunidades, las municipalidades y los particulares. Esto se contradice con el derecho consuetudinario, que concede todas las tierras forestales a las comunidades locales. Leer el reporte...

En el caso de las reservas forestales, la propiedad de la tierra se establece en el boletín de reservas. Pero normalmente la propiedad no queda cubierta con documentación de títulos, sino según las normas consuetudinarias y tradicionales. La mayoría de las tierras en las que hay bosques son tierras comunales bajo la titularidad de los jefes de comunidad. La jerarquía de propiedad de las tierras en Ghana complica la tenencia y propiedad forestales y, aunque actualmente estos aspectos no se debaten en profundidad, el Gobierno y los interesados los reconocen como un asunto importante a tratar en cuanto sea posible. Por lo tanto, la propiedad de las tierras forestales no está clara, aunque en la mayoría de las zonas forestales la propiedad consuetudinaria reciba la aceptación suficiente para llegar a un acuerdo sobre qué jefes deberían recibir regalías por las operaciones forestales. Leer el reporte...

Sigue habiendo una confusión considerable en lo que respecta a la propiedad de las tierras forestales y existe un debate continuo sobre cuáles son particulares y cuáles públicas. Un porcentaje considerable de las tierras forestales de Liberia están concedidas por títulos y pueden identificarse claramente, pero la situación de las tierras forestales que se ceden según acuerdos consuetudinarios sigue sin estar clara. Leer el reporte...

No. Las tierras susceptibles de ser tituladas todavía se encuentran en proceso de saneamiento físico-legal (Art. 70 y 88 de la Constitución Política del Perú). Ello incluye las tierras de las Comunidades Nativas y Campesinas así como los predios rurales ocupados por pobladores colonos. Las tierras forestales no se entregan en propiedad conforme a lo dispuesto en el artículo 66° de la Constitución Política del Perú y en la Ley Orgánica para el Aprovechamiento de los Recursos Naturales. El Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI, organismo público descentralizado adscrito al Sector Vivienda, es el organismo rector encargado de diseñar y ejecutar el programa de formalización de la propiedad a nivel nacional. COFOPRI efectúa el levantamiento, modernización, consolidación, conservación y actualización del catastro predial del país derivado de la formalización. Actualmente las funciones de COFOPRI se encuentran en proceso de transferencia a los Gobiernos Regionales. Leer el reporte...

Gran parte del patrimonio forestal estatal fuera del SNAP es de facto privado, con la mayoría de estos bosques bajo control de las diferentes nacionalidades indígenas; es difícil determinar con precisión la propiedad de tierras forestales del país puesto que no existen catastros forestales y actualizados fuera de los del programa Socio Bosque. El cuerpo legal que con mayor fuerza ha regido la tenencia y el uso de la tierra sobre todo en las áreas rurales y de alto valor natural, ha sido la antigua Ley de Reforma Agraria y Colonización la cual exigía como requisito para ser beneficiario de adjudicaciones de tierras baldías el que se demuestre el uso de la superficie en posesión. Generando así procesos significativos de colonización y deforestación en las zonas boscosas del país. Los actuales recursos forestales están en manos de un número muy grande de diferentes propietarios. En resumen existen todavía problemas serios al lidiar con la tenencia de tierra en el país, un tema que ha generado la creación y desaparición de varias agencias gubernamentales las cuales han tenido el mandato de lidiar con la adjudicación y titulación de tierras no sólo de aptitud forestal sino en general. Leer el reporte...

Cuando se expiden permisos, se supone que los operarios deben informar a las poblaciones locales a través de reuniones informativas en las que presentan sus actividades futuras y todos los documentos gubernamentales y mapas de las zonas asignadas. A los ciudadanos se les informa también sobre las operaciones de tala posteriores en el proceso de consulta de las EIA, cuando el operario presenta su proyecto y los posibles impactos que tendrá sobre el medio ambiente. Además, hay otras actividades importantes como la delimitación del área forestal y la elaboración de planes de gestión forestal que se realizan con ayuda de las comunidades locales. Leer el reporte...

Aunque en la Carta de los servicios públicos la Comisión Forestal ha indicado que serán transparentes en sus prácticas de gestión, generalmente no ponen a disposición del público la información sobre las operaciones de tala. Leer el reporte...

Todos los contratos de tala y la información sobre los volúmenes permitidos están a disposición del público. Aunque los volúmenes de tala está a disposición del público, esta información sólo puede adquirirse si se solicita. El sitio web de la Autoridad para el desarrollo forestal no contiene esta información. Sin embargo, SGS envía información semanal por correo electrónico a todos los que están en su lista de distribución. Si la Autoridad para el Desarrollo forestal hiciera una lista de interesados, como establece la LNRSF, entonces podría pedirse a SGS que garantizara que todos los interesados recibieran esta información semanal de los impuestos y pagos, incluidos los volúmenes de tala. Leer el reporte...

Las resoluciones que aprueban los Permisos y Concesiones así como sus correspondientes Planes de Manejo Forestal, no son publicadas. Los ciudadanos no son informados de las actividades de operaciones de aprovechamiento. Leer el reporte...

No, sin embargo no existe un requerimiento específico que obligue a la autoridad forestal a proveer esa información. Leer el reporte...

Los servicios medioambientales incluyen pagos por conservación de la biodiversidad, captura de carbono, protección del agua y las cuencas y belleza del paisaje. Ninguno de estos permisos existe en el marco de la legislación forestal o medioambiental. Pero, teniendo en cuenta los debates actuales sobre los pagos por servicios ambientales, la futura legislación forestal debería incluir estos servicios. No obstante, hay iniciativas privadas de almacenamiento de carbono en el contexto de los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) y REDD. La empresa HYSACAM tiene un proyecto para capturar el metano emitido en su vertedero de Nkolfoulou, CED tiene un proyecto piloto de captura de carbono en bosques comunitarios cercanos a Lomie (Nomedjoh, Koleyeng...), la ONG local CWCS tiene un proyecto para mejorar los hornos de la zona de Mouanko en los que se seca el pescado, etc. Leer el reporte...

En general en Ghana no se tienen muy en cuenta los servicios medioambientales que ofrecen los bosques. Se han presentado diversos argumentos para que se valoren debidamente los servicios medioambientales que ofrecen los recursos forestales, pero éstos rara vez han pasado de meros debates. Hay diferentes instituciones (aparte de las autoridades forestales) encargadas de los diferentes servicios que prestan los bosques, pero entre ellas no existe ningún tipo de coordinación de esfuerzos. Por ejemplo, la Comisión de recursos hídricos está encargada de la asignación de recursos hídricos y las tasas por extracción de agua, pero no colabora con la Comisión Forestal en la gestión y protección de las fuentes de agua. Aunque aún no se realiza, la Agencia de protección del medio ambiente sería la institución encargada de la evaluación del carbono pero, teniendo en cuenta las pruebas actuales, hay pocos indicios de que vaya a colaborar con la Comisión Forestal. Leer el reporte...

La legislación forestal y medioambiental no tratan explícitamente los permisos relacionados con los servicios medioambientales. De hecho, en ninguna de las dos se usa el término “servicios medioambientales” en absoluto. Aparte de no existir un marco legislativo para los servicios medioambientales, la Autoridad para el desarrollo forestal no ha expedido ningún permiso por servicios medioambientales en la explotación forestal de Liberia. Por lo tanto, los intentos de llegar a acuerdos con posibles inversores sobre el almacenamiento de carbono están teniendo lugar dentro de un vacío legal. Leer el reporte...

No, en atención a que no existe una regulación al respecto. En la actualidad, existen un Proyecto de Ley sobre la materia, que se esta debatiendo a nivel del l Congreso de la República. Leer el reporte...

No, los ciudadanos no están informados en general de los permisos para servicios ambientales. Existe información diseminada en varios portales en su mayoría de la sociedad civil o de gobiernos locales pero muy poca información al respecto en los portales de las instituciones públicas. Hay esquemas de pago de servicios ambientales en marcha mayormente en gobiernos locales y de estos, la población no ha sido informada ampliamente. Este es el caso del FONAG – Fondo de Agua para Quito, donde el pago por el servicio ambiental es parte de la tarifa de consumo de agua potable de cada habitante del Distrito Metropolitano de Quito. Sin embargo, casi nadie _ excepto los vinculados al accionar ambiental- conocen de la existencia de este esquema. Hay que recordar que existe una discusión en torno al artículo 74 de la Constitución del Ecuador, el cual manifiesta que; “Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado” en la práctica la normativa se está desarrollando con miras a que el Estado no sólo regule el aprovechamiento sino que los maneje directamente como propietario, y de esta manera acceder a los fondos y mercados de reducción de emisiones y captura de carbono por medio de bosques. Cómo se mencionó, existen experiencias relativas a los servicios ambientales en varias áreas del país y ejecutadas por gobiernos locales y comunidades. Estas experiencias serán importantes en la delimitación final que tome el estado sobre el manejo de los servicios ambientales. Dentro de las experiencias relativas a servicios ambientales manejadas en la actualidad están:  ETAPA (Empresa Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento) y la provisión de agua a Cuenca desde el Parque Nacional Cajas  Experiencias de compensación por conservación de la micro-cuenca Pimampiro.  El Chaco  FONAG-Quito (Fondo de Protección del Agua).  Gran Reserva Chachi  Profafor experiencias privadas en reforestación y forestación y captura de carbono.  Bosques para la Conservación  Bilsa  Prima Klima /SFA  Vida Para Quito La parcialidad en las respuestas se justifica precisamente en esta lista de experiencias de prestación de servicios ambientales, las cuales aunque no han sido de ámbito nacional si proveen interesantes precedentes para la posterior aplicación de futuros mecanismos que permitan el aprovechamiento de los servicios ambientales. Leer el reporte...

Hoy en día, las actividades de gestión forestal se solapan con grandes proyectos de desarrollo (construcción de carreteras, las centrales hidroeléctricas de Lom Pangar y Menve’le, los planes de un puerto de aguas profundas en Kribi, etc.), la extensión agrícola y la explotación de otros recursos naturales (hierro, petróleo, oro, diamantes, etc.). Normalmente las decisiones sobre estas actividades no son transparentes. Por ejemplo, los procesos de asignación de tierras para la minería o extensión agrícola no son transparentes. La mayoría de las veces, a las poblaciones locales sólo se les informa cuando el acuerdo entre el Estado y el beneficiario ya está firmado. Así ha sido, por ejemplo, en la extensión de HEVECAM, en la región de Kribi, y la creación de una plantación de aceite de palma en la división de Ndian, a cuyas poblaciones no se ha informado oficialmente. En el caso de las construcciones de carreteras, sin embargo, la mayoría de las veces se consulta a las comunidades locales y los afectados reciben una compensación del proyecto (por ejemplo, la carretera nacional de Yaounde-Nsoa). En lo que respecta a los proyectos importantes de infraestructura, la información sobre su planificación a menudo es conocida públicamente, pero no lo son los planes específicos. Normalmente todos estos proyectos pasan por la preparación de una evaluación de impacto ambiental antes del comienzo de sus actividades, salvo en el caso de las operaciones de minería, para las cuales la EIA sólo se exige después de la fase de exploración, antes de comenzar la explotación. Leer el reporte...

El proceso de toma de decisiones sobre actividades mineras carece de toda transparencia, hasta el punto de que, aunque es el mismo ministerio el que se encarga del sector forestal y la minería, a veces se otorgan permisos para exploraciones mineras en reservas forestales, a pesar de que la Comisión Forestal conozca el problema. Leer el reporte...

El Gobierno de Liberia ha asignado varias concesiones a gran escala de minería y agricultura de monocultivo. Algunas de ellas se encuentran en zonas que se consideran importantes para la conservación de la biodiversidad o cerca de las mismas. Las concesiones agrícolas a gran escala especialmente intensificarán la conversión de los bosques naturales y aumentarán el índice de deforestación. A no ser que se otorgue un permiso para la contratación de una sola fuente, todos los contratos públicos importantes se asignan mediante procesos abiertos de licitación pública, según establece la Ley de CPC. Esto se aplica también a las concesiones mineras y agrícolas. Leer el reporte...

No, las decisiones sobre otras actividades no son transparentes. Sí, hay otras actividades que amenazan los bosques en tanto el ordenamiento jurídico priorice el desarrollo de la actividad extractiva de otro sector, en perjuicio del manejo adecuado de los recursos forestales. Leer el reporte...

El organismo encargado de coordinar las actividades extra sectoriales es la Secretaría Nacional de Desarrollo SENPLADES, en la primera etapa metodológica no fue incluida en la colección de información. Es por eso que las preguntas de esta sección son temporalmente catalogadas como parciales, sin embargo vale notar que SENPLADES tiene a su cargo la Planificación Nacional que es normativa para todo el país y se expresa en el Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) 2009-2013. Acompañada al Plan, el SENPLADES desarrolla un Plan Quinquenal de Inversiones, que se aterriza anualmente en el Presupuesto General del Estado. Este Plan de Inversiones incluye todos los proyectos que el gobierno desarrollará en el ámbito de infraestructura, producción, comercial, etc. Los mismos que tendrán impactos directos e indirectos sobre los ecosistemas forestales del país. El Plan Nacional de Inversiones si es público, pero no de fácil acceso pues cuesta mucho encontrarlo en la web del SENPLADES. Ahora bien, otro elemento importante de anotar, y que no es parte de los resultados de este monitoreo, es que Grupo FARO en su análisis de transparencia y participación frente al Presupuesto General del Estado 2010 (Aguirre y Cárate. 2010. Presupuesto y Participación Ciudadana: lecciones aprendidas, avances y nuevos retos) realizó un análisis de la poca participación y transparencia del proceso. Lo que redunda en la poca transparencia de las decisiones que el Estado realiza sobre las inversiones públicas. Aún más, al comparar las metas descritas en el PNBV se evidenció que el Presupuesto del 2010, no tenía sinergia con éste, pues apuntalaba inversiones que no encajaban con las metas de conservación y manejo forestal sustentable. Esto, sin embargo, no fue un análisis a profundidad, pero da cuenta de la incompatibilidad en la toma de decisiones de inversión estatales y las metas ambientales previstas por el mismo Estado ecuatoriano. Leer el reporte...

La mayoría de las veces, los ciudadanos actúan como observadores o vigilantes y denuncian las actividades forestales ilegales, especialmente en el caso de la caza furtiva, y a los infractores se les detiene y condena. En el caso de actividades en el sector forestal, la información se entrega a los funcionarios del MINFOF y, a veces, al observador independiente o las ONG locales, como CED, que podrían llevar a juicio un caso y presentar una demanda para exigir una compensación. No existe un procedimiento formal de denuncia y las comunidades indican que ha habido casos en los que las denuncias no han llevado a ningún tipo de investigación formal ni sanción. También se ha dado el caso de que el MINFOF ha proporcionado al observador independiente información sobre actividades ilegales. Además, las comunidades locales están implicadas en la aplicación de la legislación (el control de las actividades ilegales concretamente) mediante los comités de agricultores forestales creados por la Decisión nº 135/D/MINEF/CAB del 26 de noviembre de 1999. Leer el reporte...

Existe la percepción generalizada de que los funcionarios son cómplices en las actividades forestales ilegales lo que, unido a la falta de transparencia y responsabilidad de las autoridades locales (autoridades tradicionales y asambleas de distrito), desmotiva a los ciudadanos para ayudar con la aplicación de la legislación. Leer el reporte...

La Autoridad puede, según la normativa, establecer procedimientos para compensar o premiar a las terceras partes que ofrezcan información que lleve directamente a la captura o condena de infractores de la legislación o la normativa complementaria. Leer el reporte...

El Estado ha emitido normas que contribuyen al cumplimiento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, entre ellas la creación del Consejo Nacional Forestal (CONAFOR), la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, el Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales. Sin embargo, el CONAFOR no ha sido implementado, ni los ciudadanos ejercen la ciudadanía, es decir el derecho de petición y rendición de cuentas al Estado. Asimismo, existe un reconocimiento constitucional de los derechos a la participación ciudadana y a la transparencia y acceso a la información pública. Los Comites de gestión de bosque también son un mecanismo de participación de la sociedad civil como un espacio de monitoreo, control y vigilancia. Leer el reporte...

El mecanismo mediante el cual la Autoridad forestal intenta incluir a los ciudadanos en la aplicación de la normativa forestal es a través de Vigilancia Verde un ente público/privado conformado por el Ministerio del Ambiente, la policía, el ejército y cinco ONG ambientalistas locales. Ha existido apertura para que la ciudadanía se incorpore a la elaboración de normativa alrededor de la Estrategia Nacional REDD. Anteriormente, 2000-2004, hubieron procesos de diálogos nacionales forestales que si bien no lograron un acuerdo sólido, si se expresaron en cambios en la normatividad: TULAS. El Sistema de Administración Forestal SAF, tiene su origen en una conceptualización de mejorar el control forestal con independencia de actores (regentes) y verificación. Sin embargo, dados los cambios institucionales y la debilidad de la autoridad, estos procesos aún no logran propiciar mejoras en la gobernanza forestal del país. Leer el reporte...

La autoridad forestal está esforzándose por publicar información, pero aún queda mucho camino por recorrer. El Ministerio publica un boletín (Feuille verte) para informar sobre cualquier evento o actividad importante que se ha realizado. En esta publicación se incluyen también algunas estadísticas. El Ministerio tiene un sitio web (www.minfof-cm.gov), que se actualiza regularmente y contiene las decisiones y documentos más importantes. Sin embargo, no hay ningún sistema para difundir la información en las zonas locales o responder a las solicitudes de acceso a la información. Leer el reporte...

En aquellos distritos en los que hay un responsable de atención al cliente, las copias de las publicaciones se conservan en sus oficinas, pero no se exponen al público y no hay mucha gente que tenga conocimiento de su existencia. Leer el reporte...

La Autoridad para el desarrollo forestal ha obtenido financiación del Banco Mundial para aumentar el acceso público a la información del sector forestal. La Dirección de la Autoridad para el desarrollo forestal ha asegurado al público que el proyecto aumentará su capacidad de ofrecer un mayor acceso público a la información del sector forestal. Leer el reporte...

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública obliga a la Autoridad Forestal a publicar la información referida a su sector, pero ésta no lo cumple en su totalidad. Leer el reporte...

La autoridad forestal tiene recientes publicaciones en las que difunden información relacionada con el aprovechamiento forestal. Estas publicaciones se basan en las estadísticas generadas por el proyecto “Estadísticas forestales y comercialización de la madera” financiadas por el MAE y la OIMT. También usan información generada por el Sistema de Administración Forestal (SAF). Sin embargo, la autoridad no ha sido proactiva en estas publicaciones sino hasta recientemente, pues es notoria la ausencia de estadísticas forestales actualizadas y que respondan a preguntas más específicas que aquellas presentes en sus recientes publicaciones. Leer el reporte...