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Perú: Lecciones Aprendidas

En el contexto peruano, es importante resaltar los cambios e incorporaciones en la legislación nacional forestal, mediante la aprobación del Plan Nacional Anticorrupción del Sector Forestal y de Fauna Silvestre aprobada por Decreto Supremo 009-2011-AG en julio del 2011, y la promulgación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley N° 29763, que entrará en vigencia una vez sea reglamentada), el 21 de julio del 2011.

En esta nueva legislación aprobada y promulgada, se incorporaron dispositivos de transparencia y acceso a la información de manera explícita para el sector forestal y que han sido reguladas a través de la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley N° 29763, que entrará en vigencia una vez reglamentada) y que forma parte del Plan Nacional Anticorrupción del Sector Forestal y Fauna Silvestre, pero que aún no se han ejecutado por encontrarse en proceso de implementación.

En ese sentido, en el marco de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se ha solicitado información sobre asuntos forestales a las instituciones públicas vinculadas al sector forestal, pero aún es insuficiente el cumplimiento de los plazos indicados en la norma para la entrega de la información o no se brinda la información solicitada, así también no se publica en sus portales de transparencia la información completa que exige la Ley.

Por ello se considera que con la puesta en marcha del Plan Nacional Anticorrupción del Sector Forestal y Fauna Silvestre, se aplicarán medidas correctivas para mejorar esta situación, siendo esto un avance para impulsar el acceso a la información por parte de los ciudadanos.

Asimismo, esta nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre reconoce el derecho consuetudinario y tradicional de los pueblos indígenas, regulando su concepción del bosque y respetando sus conocimientos tradicionales sobre el uso y manejo forestal y de fauna silvestre. De la misma manera, reconoce la consulta previa, que luego será específicamente tratada en la tan esperada Ley de Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, norma que fue impulsada por diferentes sectores de la sociedad civil, especialmente por las organizaciones indígenas y que ha dado como resultado que este nuevo gobierno la promulgue, dándose un paso muy importante en el proceso de consentimiento libre, previo e informado, así como los procedimientos a seguir para que los pueblos indígenas sean consultados.

Cabe destacar que con la promulgación de la Ley de Derecho a la Consulta Previa hay un mandato legal que exige un proceso de consulta ante cualquier medida legislativa que pueda afectar directamente a las poblaciones indígenas y sus derechos colectivos; asimismo la recientemente promulgada Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley N° 29763) estipula el reconocimiento de este derecho y su cumplimiento. Esta última disposición fue producto de un proceso de consulta para el cual se elaboraron documentos, guías y metodologías, al igual como sucedió para la formulación del Plan Nacional de Anticorrupción Forestal. Si bien fue un proceso cuestionado por lo limitado del tiempo, se ha obtenido una experiencia invaluable como marco orientador para la implementación de este tipo de procesos, considerando el nivel de participación de actores que tuvo, el acceso de información (se encuentran en el portal del Ministerio de Agricultura), los foros abiertos, los aportes recibidos por los participantes y el tiempo ejecutado. Estas son experiencias que pueden ayudar a delimitar un proceso adecuado, participativo e inclusivo, considerando las lecciones aprendidas

Como resultado de este proceso de consulta, se debe tener en consideración plazos adecuados que permitan la debida y oportuna información y la activa participación de todos los actores respetando sus tradiciones, costumbres y lenguaje. Por ejemplo, durante la consulta a los pueblos indígenas, ellos solicitan que antes de una etapa informativa, deba adecuarse una etapa pre-informativa, con apoyo técnico para que entiendan la propuesta en su totalidad; pero como en los anteriores procesos no hubo esta etapa previa, los foros y audiencias fueron duramente cuestionados por el nivel técnico y porque no se había dado un tiempo prudencial para que la población conozca la propuesta. Sin embargo, esta experiencia sirvió como instrumento metodológico de ensayo de cómo llegar a consensos parciales en una propuesta legislativa.

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