Guatemala : Indicadores

La Ley de Acceso a la Información Publica busca garantizar la transparencia de la administración pública y el derecho de toda persona de tener acceso a información publica. Aunque persisten los obstáculos en relación al cumplimiento, en 2012 se ha creado la Secretaria de Control y Transparencia, una acción que fortalece los objetivos de la ley. Seguir leyendo...

La Política Forestal de Guatemala de 1999 se constituye como el marco general de planificación de los recursos forestales del país. Se ha iniciado un proceso de actualización de dicha política, que busca contextualizar las acciones forestales en relación a los problemas de la vulnerabilidad y el desarrollo sostenible. Seguir leyendo...

Guatemala cuenta con un marco legal específica en materia forestal. Igualmente existen una serie de leyes que fortalecen la normativa de uso de los bosques, y de forma genera los recursos naturales. La nueva Ley Forestal fue decretada en 1996 y su reglamento de 2005. Toda la legislación ambiental está disponible en varias páginas web de diferentes instancias ambientales, sin embargo no ha sido traducida en los idiomas indígenas. Seguir leyendo...

Guatemala es signatario de una serie de tratados comerciales con varios países, entre los que se destaca el tratado de libre comercio entre Estados Unidos, América Central y Republica Dominicana, así como la suscripción del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centro América en junio del 2012. Estos acuerdos no incluyen clausuras o anexos específicos relacionados a los productos forestales, sino el Acuerdo de Asociación incluye un compromiso general de mejorar la aplicación de las leyes y la gobernanza forestal. Seguir leyendo...

Las leyes y normativas forestales no hacen referencia específica al acceso a la información pública en el sector. Más bien la Ley de Acceso a la Información Pública estipula las obligaciones de todas las instancias públicas de crear las Unidades de Información Pública. El Sistema Nacional de Información Estadística Forestal de Guatemala se ha consolidado para difundir información. Seguir leyendo...

La Constitución Política de Guatemala y la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, se comprometieron el país a reconocer, respetar y promover los derechos consuetudinarios y tradicionales de las comunidades, sin embargo no existe un reconocimiento específico de estos derechos en las leyes y normas forestales. Varios evaluaciones han demostrado la falta del reconociendo real de los derechos consuetudinarios. Seguir leyendo...

Si bien no existen mecanismos en la legislación forestal para realizar consultas para el desarrollo de nuevas normativas, la legislación guatemalteca contempla normas para el desarrollo de consultas a comunidades. A iniciativa de entidades forestales, se desarrollan procesos de socialización y consulta en el desarrollo de nuevas normativas en materia forestal. Seguir leyendo...

Existe un marco normativo disponible al público en diferentes páginas web que reconoce el derecho al consentimiento previo, libre e informado de las comunidades en relación a la formulación de políticas y así como para el aprovechamiento de los recursos naturales, sin embargo no se encuentra reglamentado por parte del Estado, el cual dificulta la implementación de las varias leyes que reconocen tales derechos, generando así condiciones de polarización entre la sociedad y el Estado. Seguir leyendo...

Guatemala cuenta con una Política Nacional de Desarrollo Rural Integral (2009) y la Política Agraria (2009), que busca la democratización y garantizar la certeza jurídica de la tenencia y propiedad de la tierra en Guatemala. Por otro lado, existen una serie de instrumentos jurídicos que garantizan los derechos sobre los territorios y las tierras (comunales), como la Constitución Política de la República, los Acuerdos de Paz y el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo. Seguir leyendo...

La ley forestal no contempla la realización de consultas a interesados o afectados al otorgar licencias de aprovechamiento forestal. El Plan de Manejo es el principal requisito solicitado por el INAB. Sin embargo, en Áreas Protegidas se exige la realización de un Estudios de Impacto Ambiental, el cual exige la participación pública, según estipulado por el Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental (Artículo 72). Seguir leyendo...

No existe una ley específica que regule el uso y aprovechamiento de los servicios ambientales del bosque. Sin embargo, la legislación ambiental nacional, así como los instrumentos internacionales ratificados por el país, contienen regulaciones pertinentes a los servicios ambientales del bosque. Se cuentan con políticas públicas e iniciativas de ley enfocadas a mejorar las regulaciones en materia ambiental, como la iniciativa de ley de cambio climático impulsado inicialmente por el MARN con el respaldo actual de organizaciones sociales y ambientalistas del país. Seguir leyendo...

La legislación existente está acompañada por instrumentos políticos sobre las prioridades de desarrollo, pero ninguna constituye una evaluación ambiental estratégica para informar las prioridades entre diferentes usos de la tierra y de los recursos naturales. Seguir leyendo...

Guatemala no cuenta con mapas que muestran específicamente la tenencia de los bosques a nivel de país. Instituciones como CONAP e INAB, en conjunto con otras entidades (Universidades y centros de estudios), ha realizado esfuerzos en mapear concesiones forestales, áreas de incentivos forestales, así como las tierras comunales, las cuales indican la tenencia de las tierras forestales. La ley de registro de información catastral, presenta oportunidad para el registro de la propiedad e información predial. Seguir leyendo...

Las licencias forestales, que implica el Plan de Manejo, certificados de licencia y otros requisitos establecidos por la ley forestal, no están disponibles en la página Web del INAB, sin embargo pueden ser consultados físicamente a solicitud de los interesados en las direcciones generales respectivas del INAB, para su revisión. Seguir leyendo...

Las licencias o permisos para la comercialización de madera están estipuladas en la Ley de Áreas Protegidas, así como en la Ley Forestal de Guatemala. Estos requisitos implican el cumplimiento con una serie de especificaciones técnicas, así como procesos de verificación de los respectivos Planes de Manejo. Sin embargo, no equivalen a un proceso de "diligencia debida" como se plantea por las iniciativas internacionales, y las autoridades no publican los resultados. Seguir leyendo...

No existe exigencia legal en la publicación de los Planes de Manejo, sin embargo están disponibles a solicitud de los interesados en las oficinas centrales o regionales correspondientes del INAB. Seguir leyendo...

En Guatemala no existen iniciativas especificas para el monitoreo forestal independiente, más bien existen iniciativas con enfoque ambiental. Sin embargo, existen organismos oficialmente reconocidos que evalúan y monitorean las acciones del sector forestal, entre ellos el Programa Forestal Nacional y en menor escala la Procuraduría de Derechos Humanos, pero las cuales no supervisan específicamente las operaciones forestales. Seguir leyendo...

Existe un sistema tributario para el cobro de impuestos y la redistribución de regalías resultantes de operaciones forestales, y un sistema de incentivos para apoyar los propietarios en actividades forestales. Información sobre los incentivos está disponible, pero no hay suficiente información para evaluar quienes son los beneficiarios. Esta falta de información detallada, no permite analizar con detalle las necesidades reales de apoyo a los pequeños propietarios, incluyendo los más pobres, al estar únicamente generalizado a área de proyecto, son considerar la propiedad. Seguir leyendo...

La legislación Forestal de Guatemala y sus reglamentos establecen los delitos y sanciones en materia forestal, sin embargo no se establece normativa en cuanto a la publicación obligatoria de datos de los infractores de la legislación forestal. Las páginas Web del Ministerio de Gobernación y del Ministerio Público no publican a los infractores forestales. Información sobre los casos pueden ser solicitados en el Ministerio Público sin embargo esto está enmarcado en las estipulaciones del Código Civil y puede ser restringido para casos en proceso de juicio. Seguir leyendo...

El INAB anualmente elabora su memoria de labores, que incluye actividades desarrolladas y ejecución presupuestaria, sin embargo el informe anual del 2009 fue lo último. Con la reestructuración organizativa del INAB y la actualización de su página Web en el 2012, no se localiza este informe ni los anteriores. La falta de publicación del informe del 2011 indica un grado de incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública. Seguir leyendo...