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RDC: Lecciones aprendidas

La gobernanza forestal ha estado en funcionamiento en la República Democrática del Congo (RDC) desde que en 2002 entrara en vigor el Código forestal con la voluntad política del Gobierno congoleño. No obstante, a pesar de que se hayan elaborado documentos normativos y de otra índole, aún sigue habiendo obstáculos para la aplicación de estos instrumentos.

El sector forestal de la RDC está rodeado de factores internos y externos que frenan el avance de la buena gobernanza, a pesar de que existen leyes y normas en esta materia. Al estudiar estos factores, se ve que los más importantes y engorrosos son los siguientes: la falta de responsables competentes, la incorrecta interpretación de los documentos legales y normativos, las malas condiciones de trabajo, los insuficientes recursos logísticos y económicos, la insuficiente capacidad para analizar los aspectos medioambientales, las concesiones forestales sin desarrollar, las estadísticas de producción mal controladas y comprendidas, la falta de desarrollo organizativo en las organizaciones de la sociedad civil (OSC) que trabajan en favor del medio ambiente, la mala sinergia de estas OSC para defender sus intereses, las distintas visiones de la gobernanza forestal, el desconocimiento por parte de los grupos de interesados de la existencia de posibles recursos, la débil y mal aplicada descentralización institucional, el confuso y poco conocido mecanismo de transferencia de ingresos a entidades territoriales descentralizadas debido a los escasos medios de control, la falta de información objetiva sobre las operaciones forestales y las inadecuadas bases de datos sobre las mismas.

El sector forestal actualmente se encuentra en una encrucijada, con la firma reciente de contratos de concesión que marca el final de proceso de conversión de los antiguos títulos de propiedad forestales. El proceso de revisión de 80 de los 156 títulos de propiedad antiguos y su conversión a concesiones nuevas ha recibido duras críticas, por ejemplo debido a la legalidad de algunos títulos y a la falta de participación de los pueblos indígenas en el proceso. En cualquier caso, es indudable que el proceso puede mejorar la transparencia del sector forestal si se publican todos los resultados, incluidos los contratos nuevos. Es más, los contratos nuevos deberían incluir cláusulas sociales, negociadas con las comunidades locales e indígenas, que permitan que dichas comunidades se beneficien directamente de la explotación de sus bosques. Aún queda por comprobarse si las estructuras y acuerdos que este proceso ponga en práctica van a aumentar la participación de las comunidades locales en los procesos de toma de decisiones y reportar beneficios reales en cuanto al desarrollo y la conservación del medio ambiente.

Al mismo tiempo, en 2002 el Gobierno declaró una moratoria a la concesión de nuevas concesiones forestales, que se hizo oficial en 2005. Los 80 títulos de propiedad que están en proceso de conversión son, por lo tanto, las únicas concesiones de explotación forestal industrial que existen en la RDC en este momento. Representan 22,4 millones de hectáreas, esto es, un 8,4% de la superficie arbolada del país, que son 145 millones de hectáreas. La explotación de los bosques aún puede realizarse bajo permisos artesanales, que se otorgan mediante un proceso bastante más flexible y que, en teoría, están limitados a áreas de un máximo de 50 hectáreas y reservados para el mercado interno. Pero en la práctica hay muchos concesionarios forestales que abusan de estos permisos artesanales y llevan a cabo una explotación del bosque prácticamente industrial, aprovechándose de la opinión poco estricta que la Administración forestal tiene del verdadero propósito de estos permisos, lo que atenúa las consecuencias de la moratoria sobre la restricción de la explotación forestal. Básicamente, la opinión general es la de que la explotación ilegal de las tierras forestales ha aumentado considerablemente durante los últimos años, aunque este aumento sea bastante difícil de calcular.

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