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Particularidades de cada país

En 2010 Grupo FARO, de Ecuador, preparó por primera vez un boletín. Esto provocó algunos problemas nuevos con el conjunto de indicadores, ya que el sector forestal ecuatoriano está estructurado de una manera bastante diferente a la de los cuatro países originales. En Ecuador no hay concesiones a gran escala porque la mayor parte de los bosques se encuentran bajo propiedad comunitaria o privada. Por eso, el Gobierno no desempeña el mismo papel en la asignación de concesiones de tala o permisos para realizar otras actividades en bosques públicos. Además, el sector privado no tiene que pagar regalías al Estado por la redistribución a los propietarios de los bosques. Como resultado de todo ello, un gran número de indicadores relacionados con los permisos de tala y la redistribución fiscal no eran pertinentes, a pesar de que en Ecuador existan igualmente problemas de acceso, uso y beneficio de los bosques.

Cada socio utilizó para el boletín un método de recabación de datos similar al que había utilizado en 2009, mientras que Ecuador se basó en el utilizado por su país vecino, Perú:

  • En Ghana CIKOD siguió combinando la recabación de datos en el formato de sí/no con un método basado en perspectivas. Transformaron los cinco cuestionarios diferentes que habían usado para diferentes grupo de interesados, simplificándolo en un único formato, y aumentaron levemente el número de entrevistados. Se siguieron concentrando en los mismos seis distritos que estudiaron en 2009, pero su boletín ha sido utilizado para una encuesta mucho mayor, perteneciente a otro programa, que abarca 19 distritos. Los datos recabados en ambos programas se combinarán en una única publicación nacional.
  • En Camerún se hizo un mayor uso de las ONG locales para realizar las evaluaciones sobre el terreno que en 2009 habían sido realizadas por consultores. Además, la extensión se duplicó hasta abarcar cuatro regiones. Se usó una combinación de entrevistas individuales y talleres, así como un proceso final de síntesis para ofrecer una respuesta consolidada para cada indicador.
  • En Liberia, al igual que en 2009, la clara distinción entre "¿Cree usted que existe?" y "¿Lo tiene usted?" se usó como base para las entrevistas sobre el terreno a encuestados individuales. Igual que en los otros dos países africanos, la extensión y el uso de las ONG locales para llevar a cabo la investigación aumentaron. La encuesta duplicó el número de condados hasta llegar a seis y participaron tres ONG, mientras que en 2009 sólo lo hizo SDI.

La perspectiva adoptada en estos tres países pretende basarse en la experiencia del año pasado, que demuestra que el propio acto de la investigación sirve como mecanismo para aumentar la concienciación y el diálogo y, por lo tanto, la mayor participación de la sociedad civil en la recabación de información es un avance positivo. Además, se pretende comprender mejor si los interesados locales conocen el marco legal y normativo y si tienen acceso a la información. No obstante, éste énfasis en el ámbito local, aunque sea en un país relativamente pequeño, ralentizó la recabación de datos y, sobre todo, el proceso de análisis.

  • En Perú DAR usó la misma metodología que el primer año: evaluar el contenido de los sitios web de las diferentes instituciones según un marco legal de transparencia bien definido y complementarlo con solicitudes de información. Este año, no obstante, DAR aumentó su ámbito de acción para incluir 9 instituciones con responsabilidades directas sobre el sector y 13 más con responsabilidades indirectas (como el Ministerio de finanzas). En particular, como respuesta al programa de descentralización de Perú, DAR examinó el trabajo de cuatro gobiernos regionales aparte de las instituciones de ámbito nacional. El marco legal de transparencia facilitó también una base muy clara según la cual podían compararse cuantitativamente las instituciones, lo que de hecho se llevó a cabo en una ceremonia de entrega de premios.
  • En Ecuador Grupo FARO utilizó un método similar al de Perú, aunque allí sólo había que evaluar 3 organismos nacionales con responsabilidades directas sobre el sector forestal y 12 instituciones más con responsabilidades indirectas. Además, Grupo FARO llevó a cabo una evaluación en paralelo de la estructura fiscal del sector, con el fin de analizar la cantidad de finanzas públicas que se destinaban a la protección, el control normativo y el sistema forestal social, por ejemplo.

En Perú y Ecuador los socios intentaron establecer con más exactitud si el marco legal y normativo incluía alguna disposición para que los diferentes procesos facilitaran la transparencia. Este tipo de evaluación podía realizarse mucho más rápido que las que incluían trabajo sobre el terreno y, por eso, los informes nacionales de transparencia se terminaron antes: el de DAR se completó en febrero de 2011 y el de Grupo FARO en mayo. Además, ha sido más fácil crear cierta sensación de competición y recompensa por la transparencia entre las diferentes instituciones públicas.

Particularidades de cada país

Existe una diferencia importante en la forma en que los diferentes socios han involucrado a las autoridades forestales nacionales. En Ghana se dirigieron directamente a dos altos funcionarios cuando, tras la publicación del boletín de 2009, la Comisión Forestal solicitó la oportunidad de rellenar su propio boletín. Por desgracia, se dio el caso de que la Comisión no consiguió obtener todas las respuestas en el tiempo disponible. Aparte de otros encuestados, también participaron 24 funcionarios más a nivel de distrito y región.

En Camerún también se contó con una participación similar de funcionarios locales, que asistieron a los debates de los talleres, por ejemplo. No se involucró directamente a ningún funcionario nacional, pero el director de bosques es miembro del grupo consultivo del proyecto. En Liberia uno de los seis condados elegidos para el trabajo sobre el terreno era aquel en el que tiene su sede la Autoridad de Desarrollo Forestal, pero sólo se entrevistó a un representante de dicha institución.

En Perú y Ecuador no se preguntó a los funcionarios si la información estaba a disposición del público, como se hizo en Camerún, Ghana o Liberia con la técnica de la encuesta, sino que se solicitaron directamente los documentos a razón de la legislación sobre el derecho a la información.

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