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Estudios por país

Para el primer año del proyecto de Promoción de la transparencia en el sector forestal se han seleccionado cuatro países piloto y la intención es que, en los próximos dos años, el proyecto se amplíe a cuatro países más.

Los cuatro países piloto originales se seleccionaron porque Global Witness ya tenía una sólida relación de trabajo con cada uno de ellos, al contar ya con importantes ONG nacionales que trabajaban en el campo de la gobernanza forestal. El diseño del boletín, por lo tanto, se basaba en unos cimientos institucionales sólidos.No obstante, la situación del sector forestal es muy diferente en cada uno de estos países.

En Liberia, tras 14 años de guerra civil, el sector forestal tiene una nueva legislación forestal y una industria ansiosa por volver a empezar. En 2006 entró en vigencia un decreto que cancelaba todas las concesiones madereras y, desde entonces, en el último año, las primeras siete grandes concesiones se han asignado mediante un imperfecto proceso de licitación. Sin embargo, la situación legislativa de los terrenos consuetudinarios no está clara y la autoridad forestal tiene dificultades para cumplir sus compromisos de transparencia y el estado de derecho.

En Ghana, al contrario que en Liberia, quedan pocos bosques naturales que sean “comercialmente viables”. Todos los bosques se consideran “terrenos comunales”, lo que quiere decir que pertenecen a las comunidades tradicionales, pero el Estado “los gestiona en nombre del pueblo”. A lo largo de las décadas, esto ha provocado un evidente traspaso del poder de las comunidades al Estado. A pesar de los esfuerzos que se hicieron por imponer la disciplina y conseguir un mercado competitivo para el acceso a los recursos, mediante la reforma del sistema de asignación de concesiones, el sector sigue estando dominado por intereses creados. Por suerte, últimamente el Acuerdo Voluntario de Asociación (AVA) con la UE ha ofrecido la oportunidad de rectificar esta situación.La legislación forestal camerunesa opera según la tradición del África francófona de la burocracia administrativa y los sistemas jurídicos, al contrario que Ghana y Liberia. Como en el sistema francófono no existe el concepto jurídico de “terreno tribal”, todos los bosques son propiedad del Estado, lo que está reñido con la propiedad tradicional de la tierra de generación tras generación de personas que han vivido en los bosques. La legislación forestal distingue entre “bosques de producción permanente”, cuya área total nunca debería disminuir, y “bosques no permanentes” (degradados). Sólo se contempla la creación de bosques comunitarios en las zonas de bosque degradado de forma temporal.

En Perú el sector forestal funciona de una manera bastante diferente. El sistema se basa menos en las concesiones que en África y existe un número mucho mayor de permisos menores de gran diversidad. No obstante, el país ha experimentado hace poco cambios legislativos importantes como consecuencia del Acuerdo de promoción comercial firmado con Estados Unidos. Sin bien el “apéndice forestal” de este acuerdo se consideró un paso progresista a muchos niveles, la nueva legislación forestal (y otras) eludió los procesos de consulta normales y debilitó considerablemente las protecciones medioambientales, lo que provocó un grave conflicto y la revocación de la ley forestal de 2008.

Aparte de las diferencias anteriormente mencionadas, relacionadas con la gestión del sector forestal, también existen importantes diferencias fundamentales en lo que se refiere al tamaño de los bosques de cada país y las presiones que se ejercen sobre ellos. Liberia cuenta con 30.000 km2 de bosque, Camerún con diez veces más y Perú con 30 veces más. El PNB anual per cápita de Liberia es de 230 dólares (US$), mientras que el de Perú es de 4.400 (US$). En Ghana hay 400 ciudadanos por cada km2 de bosque, tres veces más que en Liberia. En Camerún hay 50, mientras que en Perú sólo hay 30 personas por cada km2 de bosque (Banco Mundial, 2008; FAO, 2005; véanse las páginas de los países individuales para obtener más información).

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Las diferencias metodológicas

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Los equipos de los diferentes países experimentaron con diferentes metodologías y un conjunto de indicadores o grupos de encuestados más amplio que el conjunto común (véase la sección titulada “La estructura del boletín”).

El socio del proyecto de Liberia, SDI, está controlando y defendiendo las disposiciones de transparencia de la legislación forestal para fomentar: el establecimiento legal de unos derechos comunitarios y una tenencia de los bosques que sean seguros, una transferencia considerable de la gobernanza y los procesos de gestión forestales a las comunidades y un acceso transparente a la toma de decisiones durante la negociación y puesta en práctica del AVA. El proyecto y el boletín se centran específicamente en reforzar la gobernanza en los recién formados Comités de desarrollo forestal comunitario. Teniendo en cuenta que se centra en la esfera comunitaria, el boletín incluye preguntas como “¿Sabe si existe el documento?” y “¿Lo ha solicitado?”, además de las típicas como “¿Pertenece al dominio público?”.

En Ghana el CIKOD lidera el proyecto en nombre de la coalición Forest Watch. Aparte de dar prominencia a la transparencia y responsabilidad locales, también reivindican que el gobierno local y las autoridades tradicionales publiquen el uso que hacen de los ingresos provenientes de las regalías de la madera. Hasta la fecha, el CIKOD ha colaborado con cuatro ONG de base en dos distritos específicos para llevar a cabo una serie de entrevistas con cuestionarios a las autoridades forestales, las autoridades tradicionales (jefes tribales), el gobierno local, las empresas madereras y los miembros de la comunidad. Se realizaron más de 300 entrevistas en total, que combinaban las preguntas de “sí/no” con preguntas de calificación y percepción.

Para el CED y otras ONG locales de Camerún una de las prioridades es conseguir una mayor participación en la elaboración de políticas, especialmente en lo que se refiere al AVA y las iniciativas para reducir las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal (REDD). El CED es el socio más reciente del proyecto de Promoción de la transparencia en el sector forestal y, como tal, ha utilizado el conjunto común de indicadores como punto de partida. Su análisis se ha estructurado en torno a preguntas del tipo “¿Cuáles son las normas?”, “¿Cuáles son las limitaciones de las mismas?” y “¿Cómo es la realidad?”, lo que subraya el hecho de que pocas de las buenas intenciones relativas a la transparencia llegan a convertirse en realidad.

En Perú el DAR se está concentrando inicialmente en reforzar las capacidades de dos instituciones públicas independientes, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía Ambiental, para responsabilizar a los organismos gubernamentales de sus compromisos de transparencia y aplicación de la legislación. Han desarrollado una matriz sofisticada y amplia para el boletín, que contiene cinco tablas de datos para controlar el rendimiento de 15 organizaciones y evaluar las normas de transparencia, el acceso a la información y la participación, y la implementación del Acuerdo de promoción comercial Perú-EE. UU. La recabación de los datos se ha llevado a cabo mediante una serie de cartas del DAR a las instituciones pertinentes. Las cartas, al igual que el boletín, ponen de manifiesto las medidas que está tomando cada autoridad para poner en práctica sus obligaciones legales de proporcionar información.

A su debido tiempo, el equipo de cada país publicará su investigación general, tanto a nivel local como en este sitio web.
Si desea más información sobre la metodología y los resultados del equipo de cada país, pinche sobre el país correspondiente en la parte superior de esta página.Si desea más información básica o consultar los datos de contacto de cada socio del proyecto, pinche sobre el nombre de la ONG correspondiente que aparece en los párrafos anteriores.

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